Las oficinas de farmacia de Valencia, Castellón y Alicante cerrarán sus puertas de manera indefinida a partir del próximo 9 de julio en el caso de que la Consejería de Sanidad valenciana no haga efectivo el pago de dos de los cuatro meses, desde febrero, que adeudan a los farmacéuticos, unos 500 millones de euros contando intereses. Así lo acordaron las asambleas extraordinarias celebradas en el día de ayer en los colegios oficiales de farmacéuticos de ambas provincias. Por su parte, los farmacéuticos de Alicante propusieron otra medida de presión: cobrar la totalidad de los medicamentos dispensados a los usuarios si el día 30 todavía hay impago, ya que romperían el concierto con la Generalitat. Sobre esta medida, en el COF de Valencia se acordó celebrar otra asamblea para decidir sobre esta posibilidad.
Por mayoría
En este sentido, cabe destacar que en el COF de Alicante que preside Jaime Carbonell el apoyo a las medidas de presión propuestas fue unánime; en el COF de Valencia que preside María Teresa Guardiola fueron 300 farmacéuticos los que se decantaron por llevar a cabo el cierre indefinido, por solo diez en contra; mientras que en el COF de Castellón que dirige Jesús Bellver apoyaron la medida más de 120 boticarios, frente a una decena de votos en contra. Sobre este particular, el presidente castellonense manifestó que el paro se prolongará hasta que la administración regional abone “una parte importante de la deuda”.
