Las oficinas de farmacia somos el último eslabón de la cadena del medicamento y, por tanto, todas las medidas del Gobierno que afecten a la prestación farmacéutica repercuten directamente en su funcionamiento y su economía. Así, este mes todo el sector volvió a estar en el ojo del huracán, al anunciarse un recorte en el gasto sanitario que sorprendió por su importe, 7.000 millones de euros, y su repercusión en los ciudadanos.
Pero esto no era todo, una vez aprobado el texto aparecen tres modificaciones legislativas no conocidas hasta ese momento, que nos retrotraen a épocas pasadas. Todos los españoles ya no somos titulares del derecho a la salud, las farmacias ya no somos el único establecimiento autorizado para la dispensación al público de medicamentos y nuevamente nos veremos sometidas a una modificación del impuesto revolucionario que supone el RDL 5/2000.
Sorprenden estas tres medidas ocultadas durante todo el proceso, porque no añaden valor y, desde luego, no mejorarán la calidad y seguridad de las prestaciones, como teóricamente se pretende. Las consecuencias más inmediatas serán: limitaciones en el acceso al medicamento, despidos, disminución de horarios de apertura y más gasto en subvenciones.
Las oficinas de farmacia siempre hemos sido un colaborador leal con el SNS, hemos aportado de manera efectiva más de 900 millones de euros a la sostenibilidad del Sistema el pasado año y estamos soportando una deuda de las administraciones autonómicas cercana a los 2.000 millones de euros, con sus correspondientes intereses, que unido a las recientes modificaciones fiscales, nos está llevando al colapso económico y en muchos casos al concurso de acreedores. Por tanto, no somos merecedoras de este trato y mucho menos vernos sometidas a un cambio encubierto del modelo de oficina de farmacia.
Nuevamente, un Gobierno ha jugado con cartas ocultas que encierran un deterioro de derechos a través del deterioro económico. Si estas no fuesen las intenciones y mis percepciones fuesen erróneas, considero que urge una modificación del texto del RDL 16/2012 para que esté en consonancia con la legislación vigente.
