Hace unas semanas el gobierno catalán nos sorprendía con el anuncio de una nueva medida dirigida, según la Generalitat, a contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario. Bajo la imprecisa denominación de ‘tique moderador’, se planteó a los ciudadanos que, a lo largo del año entrante, la Generalitat implantaría algún tipo de tasa asociada a cada receta de un medicamento. Desde el primer momento, el presidente catalán, Artur Mas, insistió en que la medida no tendría afán recaudatorio sino disuasorio. Es decir, que el objetivo será conseguir eso que los expertos en gestión sanitaria y economía de la salud llaman moderación de la demanda. Exprimida la fase de los recortes directos sobre los servicios sanitarios (aunque el tijeretazo se seguirá aplicando en 2012, como mínimo, sobre los sueldos del personal sanitario), la Generalitat se dispone a abrir un nuevo camino hacia el copago. Porque, por mucho que el consejero de Salud, Boi Ruiz, insista en que, formalmente, lo que plantean es la implantación de una tasa administrativa, lo cierto es que, a estas alturas, más vale ahorrarse eufemismos.
En primer lugar, ¿cómo se puede hablar de medida dirigida a moderar la demanda (o, dicho de otro modo, a evitar el supuesto abuso en el consumo de medicamentos) cuando se aplica, precisamente, sobre una prestación sobre la que, teóricamente, el ciudadano no tiene ningún poder de decisión? Hasta el momento, el médico es el único agente del sistema autorizado a prescribir y, a menos que se reconozca que el sistema está del todo pervertido (cosa que requeriría algún tipo de acción muy distinta a la de la implantación de tasas), las recetas no se hacen a la carta, según las preferencias de cada usuario. España es el país europeo con el consumo más elevado de medicamentos y uno de los que tiene los precios más bajos. Hasta el momento, el aumento del gasto farmacéutico sólo se ha combatido a base de decretos de reducción de precios de los fármacos, pero nunca a través de políticas activas de moderación del consumo y de racionalización de la prescripción.
A estas alturas, todos los debates están y deben estar abiertos si el objetivo es salvar el sistema público de Salud, pero sin engatusar al ciudadano. Si la medida anunciada por la Generalitat de Cataluña es copago o no es copago (cuestión de competencias que deberá dirimir legalmente con el Ministerio de Sanidad) es lo de menos ahora mismo. Lo que realmente importa es si es moralmente aceptable responsabilizar al ciudadano del presunto mal uso de la prestación farmacéutica y del crecimiento del gasto en lugar de mejorar con criterios de eficiencia la política de prescripción. Una vez hecho esto, hay lugar para hablar de copago y de muchas otras cosas. Pero parece ser que aquí los debates duran lo que dura el impacto de los titulares. En Cataluña ya estamos hablando de si los menos pobres deberían suscribir de forma obligatoria una póliza privada de Salud.
