Primero fueron los agentes de la cadena del medicamento, luego los profesionales sanitarios. Si el sector está como está y no puede acumular ya nuevas medidas de recorte y aún así el gasto sanitario y farmacéutico continúa siendo excesivo, las opciones se reducen. Parece que les empieza a tocar el turno a los pacientes, si bien esta tercera vía se resiste a adoptar la denominación de copago y opta por otro apelativo: la penalización del uso irresponsable.
Desde este punto de vista, la tasa por receta que Artur Mas plantea en Cataluña no difiere tanto del decreto de tarifas que Alberto Núñez Feijóo aprobó hace varias semanas para Galicia. Ambos plantean cobros que en última instancia quieren conducir a un uso racional de los recursos sanitarios; ambos se encuentran en el filo de la (i)legalidad, a pesar de que sus respectivos servicios jurídicos avalen estas políticas ante las dudas del Ministerio de Sanidad. Y lo que es más importante, ambos pueden ser víctimas de una demagogia que es lo que menos necesita el sistema sanitario en este momento.
Hace ya muchos años que el SNS viene necesitando un debate sin apriorismos. Por más que el método escogido por el presidente de la Generalitat sea moralmente discutible (CiU no solo no incluía el copago en su programa, sino que lo rechazó durante toda la campaña), no hay mejor momento para hacerlo que aquel en el que ya no hay intereses electorales por el medio. Se abre por lo tanto un debate en el que todos van a tener que participar, sobre todo el Ministerio de Sanidad, pues al margen de la legalidad o no de las iniciativas catalana o gallega, lo que está en juego es otra vez la cohesión del sistema y la igualdad de derechos de los pacientes, independientemente del lugar en el que vivan.
Al margen de esto, el sucesor designado por Mariano Rajoy para sustituir a Leire Pajín deberá afrontar otro debate que, al hilo del uso racional, se hace igual de imprescindible: ¿Es responsable que el sistema sume fármacos sin tener en cuenta su coste-efectividad y sin desfinanciar ninguno? Quizá el diseño de una política farmacéutica estatal a largo plazo evitaría nuevos experimentos autonómicos.
