Perdidos es una gran serie de televisión, y ha tenido un final más que digno, digan lo que digan algunos fans atormentados. No obstante, en éste, como en otros casos, es necesario diferir bien entre fondo y forma. Porque si no te gusta el contenido de algo, pero ese algo está bien hecho, al final resulta más fácil de tragar. Pero si además de no gustarte el contenido el envoltorio es poco más que un remiendo mal hecho, la cosa cambia. Eso mismo es lo que está pasando con el Real Decreto Ley 8/2010, de control del déficit público. Las críticas de prisas e improvisaciones al Gobierno han dejado de tener un matiz político para los agentes del sector farmacéutico. Para ellos se trata de algo muy real, con consecuencias muy reales. Por un lado está el despropósito de la receta privada. Y en el Ministerio de Sanidad, por el momento, se lavan las manos, dejando a los agentes que articulen entre ellos un complejo sistema que en los momentos actuales sólo puede contribuir a añadir más tensión a una cuerda ya tensa. Más leña al fuego. Más madera, que diría Groucho Marx.
Está claro que a cada cual le toca lo suyo. La industria con la inversión en investigación y desarrollo; la farmacia con los sistemas de unidosis, y la distribución con los stocks. La entrada en vigor, a partir del 1 de junio, de la aplicación de los descuentos, sin tener en cuenta un periodo de convivencia para respetar las existencias almacenadas, no sólo es un atraco a mano armada de más de 60 millones de euros a los mayoristas. Es además una negación de la realidad. Respetar unos plazos sensatos es lo menos que se puede pedir a una Administración que está exigiendo tanto a un sector.
El pacto sanitario se necesita más que nunca. Tal vez con él todos aprenderían a ponerse en el lugar de los demás. Los agentes podrían así comprender la situación de la Administración, y ésta podría reconocer que buscar como finalidad un ahorro inmediato no puede, bajo ninguna circunstancia, justificar cualquier medio.
