A paso lento pero seguro. Así se podrían calificar la multitud de reacciones que la aprobación del Real Decreto Ley 4/2010 de racionalización del gasto farmacéutico ha provocado en el sector de oficinas de farmacia. La aprobación por parte del Consejo de Ministros de este texto, que deberá ahora cumplir con su paso obligado por el Parlamento, anestesió en un primer momento al sector. Incluso mucho antes de esta aprobación, tras circular los borradores que nunca existieron, los rumores que tampoco existieron y muchos otros movimientos que nunca existieron. ¿O existieron realmente y todos hemos sufrido un proceso amnésico tras su oficialización?
Sin embargo, según han transcurrido los días, las reacciones han llegado con cuentagotas hasta acabar en un torrente continuo de análisis, cifras, peticiones y declaraciones. Está claro que, una vez que los agentes del sector farmacéutico han analizado los datos, las críticas a la norma no se han hecho esperar. La primera crítica es el ‘trágala’ con el que dicen que envolvió la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, a los consejeros autonómicos en el último Consejo Interterritorial que dio luz verde a la aprobación de este real decreto-ley. Un ‘trágala’ sustentado, según muchos agentes del sector, por la promesa de ahorro de 1.500 millones de euros para sus ruinosas arcas públicas. Un anuncio de ahorro que, según repiten, justificaría el que los consejeros autonómicos diesen un sí a un texto que ni siquiera habían visto.
En cuanto a las críticas con nombre y apellidos, las de las patronales de oficinas de farmacia han sido las más incisivas. Dicen que la farmacia sufrirá en su economía la ira de este texto, y le ponen una cifra: 1.474 euros al mes de media menos para las boticas. Junto a esto, inciden en la salida de medicamentos vía hospital, algo que incluso FEFE pondrá en manos del Defensor del Pueblo. También los colegios, al menos los significativos madrileño y valenciano, apuntan a que no es ése el camino a seguir para controlar el gasto. ¿Y el Consejo General? El Consejo vierte su tinta sobre la prohibición de descuentos.
