Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Alfonso Jiménez no va a pasar a la historia del Ministerio de Sanidad por sus grandes gestas al frente de la Dirección General de Farmacia, sino por descubrir la cuadratura del círculo. Sus primeros experimentos en este campo le llevaron hace meses al imposible de convertir a la píldora del día después en la primera y hasta el momento única especialidad publicitaria que sin precisar receta no puede anunciarse en los medios. Nadie había logrado tal entelequia, a la vista de la legislación vigente, pero tampoco nadie había pensado en rescatar una figura inédita de la normativa sanitaria española para dar ese salto cualitativo, al renombrar la pastilla como ‘medicamento ético’. Ahora, el máximo responsable de la política farmacéutica del Gobierno, con el permiso de José Martínez Olmos, Trinidad Jiménez y, no lo olviden, Elena Salgado, que siempre tiene la guadaña preparada, se ha propuesto dar otro salto acrobático sin red en este circo en el que se ha convertido la Sanidad: atender a las reivindicaciones de las consejerías de salud autonómicas y convertir en sostenible un Sistema Nacional de Salud en ruinas por culpa de la nefasta gestión de la crisis que ha hecho el Gobierno, sin tocar para ello a ninguno de los sectores tradicionales que podría realizar aportaciones adicionales.
Esta nueva cuadratura del círculo, esta quimera que al parecer se encuentra sólo al alcance del director general de Farmacia, parte de varias premisas formuladas en público o en círculos restringidos. La primera es que no habrá aumento del copago, lo que equivale a decir que el usuario no contribuirá en mayor medida al desembolso de las medicinas financiadas por el sistema público, como han insistido el propio Jiménez y la ministra. La segunda es que ni farmacias, ni distribuidores de medicamentos, ni industria farmacéutica efectuarán contribución adicional alguna a la sostenibilidad sanitaria, pues “ni es momento de sacar de la financiación pública ningún medicamento”, “ni se bajarán los márgenes porque ahora estaría fuera de lugar”. Si a ello sumamos las tranquilizadoras palabras de estos días de algunos altos cargos a importantes representantes de los laboratorios farmacéuticos en España, en el sentido de que tampoco se producirán rebajas de precios de los fármacos, como se había apuntado al principio a modo de rumor, el reto se antoja francamente duro de conseguir. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Ministerio de Sanidad pretende al mismo tiempo obtener alrededor de 2.000 millones extra, sólo este año, para ayudar a las autonomías a capear de la forma que mejor puedan el temporal. Cuatro veces más, en definitiva, que el ahorro que iba a reportar, y que ya no hará, el Sistema de Precios de Referencia que se pondrá en breve en marcha. Desde luego, Jiménez y sus superiores tienen esta vez complicado, muy complicado, coser el vestido sin hilos para ello. Si lo consiguen, será para quitarse el sombrero y se convertirán en dignos merecedores de un monumento por parte del sector, pero resultaría interesante saber qué fórmula mágica van a emplear para lograrlo. A los mortales se nos escapa.
Preguntas sin respuesta
¿Qué alto cargo del ministerio movió ficha acertadamente para estar cerca de las EFP, después de que Sanidad no acudiera a una cena organizada en diciembre por la patronal?
¿Cómo es posible que Sanidad no termine de una vez con el anacronismo de que haya fármacos equivalentes a las EFP que sigan financiándose? ¿Ha calculado cuánto contribuyen estos fármacos a la masificación de los centros de salud?
¿Qué clínica privada de gran renombre sigue sin encontrar comprador pese a rebajar su precio más de la mitad en sólo un año?
¿Qué pretende hacer Sanidad con los intereses de demora derivados del retraso en el pago de los fármacos hospitalarios?
