Si finalmente el Gobierno español decide aplicar un IVA reducido a los productos sanitarios, esta medida, tal y como asegura la presidenta de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), María Luz López Carrasco, en una entrevista concedida a la revista EDS, supondría “un balón de oxígeno” para el sector. En enero de 2015 la Comisión Europea decidía subir éste del reducido al tipo general para, un año después, dar vía libre a los países para aplicar bajadas o mantener los porcentajes actuales… una subida en 11 puntos que se tradujo en un impacto económico para el sector sanitario de 400 millones en la parte pública y 100 millones en la parte privada, que “disminuyó la capacidad de adquisición de tecnología por parte de las comunidades autónomas”.
De este modo, si el nuevo Gobierno decidiese reducir este impuesto, “aumentaría la dotación presupuestaria para la compra de tecnología sanitaria por parte de las instituciones sanitarias y por tanto beneficiaría la introducción de innovación”, asevera López-Carrasco. Precisamente la compra de tecnología sanitaria es una de las principales demandas de la patronal, que recuerda que España está entre los países con uno de los parques tecnológicos más antiguos de toda Europa. Y es que la crisis económicas y las medidas de reducción del gasto aplicadas en los últimos años se han traducido en “un retroceso de inversión tecnológica sanitaria de un 60 por ciento”.
En este sentido, durante la pasada legislatura la patronal mantuvo intensas negociaciones con el Ministerio de Hacienda para alcanzar un acuerdo enfocado a la compra de tecnología sanitaria a través de fórmulas de colaboración público privada. “Por aquel entonces, la política de sostenibilidad trabajaba las inversiones y los presupuestos de tecnología sanitaria en relación al PIB”, explica la presidenta de Fenin. Esta vinculación no es válida para una patronal que, apunta, trabaja “en otra serie de medidas porque la adquisición de tecnología sanitaria se hace de forma diferente, en su mayor parte mediante concursos públicos, y de alcance autonómico y local”. De hecho, confiesa, actualmente continúa trabajando con las administraciones para que “esa adquisición sea mucho menos gravosa, más transicional y ayudándonos incluso de presupuestos especiales que vienen de Europa, como los fondos FEDER o de Horizonte 2020”.
A falta de una medida estructural que mejore el marco financiero, la presidenta de la patronal enumera durante la entrevista publicada en el cuarto número de la revista EDS las medidas o iniciativas que le reclamaría al nuevo Ejecutivo. Así, asegura que, antes de nada, “habría que trabajar con el sistema sanitario y la administración, tanto central como autonómica, “para tener la suficiente inversión”. En segundo lugar, pide que Fenin pueda trabajar con la administración como hasta ahora para introducir la innovación de manera asequible y eficiente mediante todas las propuestas de contratación pública”.
Además, la presidenta de Fenin, asegura que le gustaría “trabajar con las administraciones en las medidas estructurales para seguir reduciendo los niveles de deuda y que permitan la erradicación total de la morosidad”. Así, también considera necesario que se recuperen “las ayudas que el sector recibía antes de la crisis en la parte de internacionalización”. Éstas, señala, “se han visto mermadas durante la crisis y, junto con la desinversión, la falta de recursos y la desaparición de compañías han creado un círculo perverso para el sector de tecnología sanitaria”.
En lo referente a la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público que se está aplicando y debería permitir la compra pública innovadora, López-Carrasco asegura que el momento de impasse político actual dificulta la implementación de los temas de contratación y la legislación europea en las comunidades autónomas. Uno de los principales impedimentos a la hora de hacer uso de esa legislación es su trasposición. “Hay comunidades que ya han empezado a trabajar en este tipo de compra; con su plena introducción esperamos poder trabajar de igual manera y dejar atrás la inequidad existente”, apunta.
Reglamentos europeos
Por otra parte, López-Carrasco considera que los nuevos reglamentos europeos de productos sanitarios van a marcar un antes y un después en la legislación del sector de la tecnología sanitaria. En este sentido, aunque reconoce que su adaptación será difícil, se muestra optimista porque “hará trabajar en un mercado europeo único, fomentando la competitividad y la innovación y fortaleciendo y poniendo como objetivo la seguridad del paciente”. Además, espera que esta sea “factible y no gravosa burocráticamente”.
Para su patronal, es importante en este ámbito “que la evaluación que se hará de los futuros productos, que hasta ahora se hacía por entidades independientes, esté controlada y coordinada por los sistemas sanitarios”. No obstante, estos reglamentos también se traducirán en más costes. “Que todos nos adaptemos a la nueva reglamentación exigirá recursos, sobre todo por parte de la industria; por ejemplo, hay que trabajar en un código único de verificación para cada producto sanitario que se comercialice en Europa”, señala. De hecho, en este momento asegura que están colaborando con las autoridades sanitarias en ola traducción de los reglamentos “y viendo cuál es el impacto real que van a tener en el sector de la tecnología sanitaria”.
Por último, la presidenta de la patronal explica que la adaptación de su Código de Buenas Prácticas a los códigos éticos de las asociaciones europeas del sector de Tecnología Sanitaria, EDMA y Eucomed, es una transformación “que entra de lleno en uno de los objetivos de mi legislatura”. El código europeo se aprobó en diciembre de 2015 y contempla un periodo de implantación que, en el caso de Fenin, será el 1 de enero de 2018. Ahora, explica, la patronal está finalizando el borrador, “que se trabajará con sociedades médicas y de pacientes y que se centrará en aportar transparencia en las colaboraciones y garantizar la independencia entre el sector empresarial y el sanitario.
