‘De Guatemala a Guatepeor’. De esta forma se podría resumir la situación de la población reclusa frente al acceso a los medicamentos que necesita. En 2011, el Gobierno socialista estableció un programa de alternativas terapéuticas para los medicamentos a cargo del presupuesto del Ministerio de Interior en el que instaba a cambiar los tratamientos por otros de “diferente composición” y “diferente estructura química original” aunque de “similar mecanismo de acción”. Este plan fue recurrido por el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria y el Colegio de Médicos de Madrid y el Tribunal Supremo ordenó suprimirlo en marzo de este año.
Sin embargo, el cambio no ha sido halagüeño. El pasado mes de junio los médicos penitenciarios recibieron una circular en el que se les anunciaba un sistema de visados que sustituiría al de las alternativas terapéuticas. Bajo este nuevo formato, los prescriptores de las cárceles deben ceñirse a una Guía Farmacoterapéutica que recoge menos medicamentos que los que existen para cualquier ciudadano. Si el médico insistiese en otro fármaco por su idoneidad debe escribir un informe motivado para que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias lo apruebe. El problema es que esos visados difícilmente se autorizan y la respuesta de Interior es que el recluso tendrá que pagárselo o aceptar el tratamiento recogido en la Guía.
Esta situación ha provocado que el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria haya optado por presentar un recurso de alzada ante el cambio legislativo comunicado mediante la circular. “En sustitución del programa de intercambio terapéutico, la instrucción que impugnamos introduce un mecanismo de visado contrario al ordenamiento jurídico y cuyo objeto no difiere en absoluto del anterior programa de intercambio, pues permite finalmente también sustituir el medicamento prescrito por el médico por otro de diferente composición”, explica el recurso. Junto a este argumento se eleva otro de incapacidad competencial. Así, el recurrente entiende que los visados solo pueden ser reglados por el Ministerio de Sanidad “tal y como queda establecido en el Real Decreto 618/2007”. Además, se alerta de la “arbitrariedad” a la hora de denegar o conceder un visado. “La circular asegura que se resolverán en el menor tiempo posible” sin que contemple los criterios sanitarios empleados para motivar la resolución.
La circular remitida por Interior a los médicos penitenciarios no incluye los criterios clínicos que debe poseer un fármaco para obtener el visado
El recurso de alzada presentado por el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria debería haberse resuelto “antes del 30 de septiembre”, según asegura su secretario general, José Veiras. Sin embargo, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no ha habido respuesta alguna. Este periódico, además, se ha puesto en contacto para conocer el número de visados solicitados y el porcentaje de ellos aprobados, pero ha corrido la misma suerte que el sindicato. Sin embargo, Veiras sí que ha proporcionado documentos donde se demuestra la barrera en la que se están convirtiendo estos visados a la hora de solicitar fármacos fuera de la Guía. “Este mes de julio se ha emitido escrito a todos lo centros penitenciarios impidiendo al prescripción de Suboxone (ver gráfico adjunto), incluido por la Dirección General de Farmacia en el SNS desde 2009. La ventaja de este producto es que es un agonista parcial por lo que llega un punto en que a pesar de subir la dosis no produce más efecto disminuyendo por tanto la posibilidad de sobredosis frente a metadona, el fármaco tradicionalmente usado en prisiones”, explica Veiras.
Repercusiones en el Congreso
Las situaciones de inequidad que están produciendo los visados para la población reclusa han aterrizado en la Cámara Baja. Begoña Tundidor y Miguel Ángel Heredia, diputados socialistas, han remitido tres preguntas al Gobierno sobre la pertinencia de los visados. “Hemos querido saber qué criterios sanitarios se van a tener en cuenta para autorizarlos, qué medicamentos van a precisarlo y qué ahorro produce esta medida”, asegura Tundidor. Sin embargo, el Gobierno, que tenía de plazo hasta el pasado día 13 de octubre para contestar, ha argumentado que en funciones no corresponde responder a estas cuestiones, según explica Tundidor.
Ante el silencio, los diputados socialistas han asegurado que el tema no se va a abandonar y que tratarán que sea parte del Orden del Día de una Comisión de Sanidad. “No sabemos si podrá estar en la primera que se celebre pero si no es en esa será en la siguiente”, explica Tundidor. Además, la diputada ha añadido que la sanidad de la población reclusa no debe recaer sobre el Ministerio del Interior y que debería pasar “a las comunidades autónomas y, dentro de éstas, a las consejerías de Sanidad para evitar estas inequidades”.
